La nueva Ley de Morosidad fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores
09.07.2010
Ya se ha publicado en el BOE la norma que exige al Ejecutivo a concertar por medio del ICO una línea de crédito directo enfocada a las entidades públicas locales, con el propósito de que pueden abonar sus deudas con autónomos y empresas.
Igualmente, excluye la probabilidad de que las empresas pacten periodos superiores de abono a los establecidos por la norma. El plazo temporal para que las administraciones públicas, aminoren su límite de plazo será hasta el año 2013, con una progresión de cincuenta días para 2010, cincuenta días para el próximo año, cuarenta y cinco días para 2012 y treinta días a partir de 2013.
Las empresas privadas (excluyendo las del sector alimenticio y los productos perecederos) tendrán obligatoriamente que pagar en treinta días, en cualquier caso. Si bien, el plazo transitorio asimismo se amplía hasta el 2013, por lo tanto en 2011 el periodo será de ochenta y cinco días, de setenta y cinco en 2012 y de sesenta días a partir del siguiente año.
Sin embargo, las constructoras que ejecuten obras públicas operarán con términos diferentes para disminuir el periodo máximo de abono de facturas a sus proveedores y otras empresas subcontratadas, que en la actualidad sobrepasa los cien días. En concreto las empresas del sector, dispondrá de 120 días para pagar hasta finales de 2011, en el año siguiente el plazo deberá reducirse a noventa días, para posteriormente en 2013 establecerse en los sesenta días.
De esta manera, la normativa autorizará al Ejecutivo para fijar un régimen especial de abonos para el sector librero, ya que deberá tomar nota de las condiciones especiales de este sector, en concordancia al movimiento de stocks, períodos de exportación, y el régimen concreto de depósitos de ejemplares.
También, la norma determina que las empresas publiquen en la memoria de sus cuentas anuales los periodos en los que pagan las facturas a sus empresas proveedoras.
Actualmente, el adeudo de las empresas con sus proveedores se ubica en los sesenta mil millones de euros, y por su parte la administración debe a las empresas un montante de treinta y ocho millones de euros.
La nueva regla busca comparar los plazos de abono con los que establecen otros países europeos, y de esa forma aumentar la competitividad de las empresas nacionales.
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